POLÍTICA AGRARIA EUROPEA
POLÍTICA AGRARIA EUROPEA

El campo en vilo con la nueva PAC por temor a nuevos recortes

El campo almeriense, en vilo por la nueva PAC: temor a recortes en modernización y relevo generacional.

La reducción de ayudas a la modernización y a la incorporación de jóvenes agricultores podría lastrar la competitividad, según denuncian las organizaciones de productores.

CANAL SUR MEDIA 19 July 2025

Mientras el 80% de los productores hortícolas de Almería pone a punto sus invernaderos de cara a la próxima campaña, la nueva propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) por parte de la Comisión Europea ha encendido las alarmas en el sector. Las organizaciones agrarias advierten de que esta estrategia puede incrementar la desigualdad entre productores, al condicionar las ayudas a la capacidad inversora de cada Estado miembro y reducir los fondos dirigidos a la modernización de las explotaciones y a la incorporación de jóvenes agricultores.

Según el nuevo modelo planteado por Bruselas, las ayudas canalizadas a través de los Fondos Operativos para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) estarían financiadas en un 70% por la Unión Europea y en un 30% por los Estados miembros. Esta nueva fórmula introduce una mayor dependencia de las decisiones presupuestarias nacionales y podría generar, según denuncian desde COAG y ASAJA, una “competencia desigual entre países con distinta capacidad de inversión pública”.

Actualmente, Andalucía cuenta con 260 OPFH que reciben cada año alrededor de 70 millones de euros. Una parte sustancial de estos fondos se destina a planes de mejora tecnológica, sostenibilidad y relevo generacional. “Si no se garantiza la cofinanciación nacional, el sistema se tambalea”, aseguran fuentes de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía (APROA).

El temor es que los pequeños y medianos productores, que dependen de estas ayudas para mantenerse competitivos y renovar infraestructuras, se queden fuera del sistema o vean drásticamente reducida su capacidad operativa, afectando tanto a la producción como al empleo agrario.

Desde el sector piden al Gobierno central una posición firme en las negociaciones comunitarias para defender un modelo de ayuda más equitativo, sin penalizar a los agricultores con menor músculo financiero, y proteger el tejido productivo andaluz, clave para la seguridad alimentaria y la exportación europea.


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