La asociación granadina "Candelaria" impulsa una ley para la protección de los mayores

La asociación granadina Candelaria ha dado el primer paso para que en España se apruebe una ley específica de Protección para las personas mayores que permita identificar las situaciones de riesgo a las que se enfrentan y fijar medidas de protección. La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite esa petición.

Una petición que reconoce situaciones de maltrato económico, social o incluso sexual a las que se enfrentan las personas mayores en una etapa de su vida en la que se encuentran más vulnerables.

Aunque actualmente la Constitución, el Código Penal o la propia Ley de Dependencia reconocen cierta protección a la población mayor, el objetivo es una ley específica que reconozca algunos tipos de maltrato más sutiles que no están regulados.

Ahora la asociación ABTE Candelaria quiere implicar a la Universidad y a todas las instituciones de la provincia para impulsar la recogida de firmas de un proyecto social que puede tener una significativa autoría granadina. 

Si se aprueba la ley sería aplicable en todo el territorio nacional y garantizará la protección de todas las personas mayores de 65 años que sean víctimas de cualquier forma de maltrato, que se definirá como "cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, patrimonial o social a una persona mayor, vulnerando su dignidad, derechos o bienestar".

Además, se implementarán campañas públicas de sensibilización para promover el respeto, la protección y el cuidado de las personas mayores. Y los profesionales que trabajen con este colectivo recibirían formación específica y continua para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de maltrato.

La ley permitirá también establecer protocolos de actuación obligatorios en centros sanitarios, residencias y servicios sociales para la detección temprana del maltrato, garantizando su notificación inmediata a las autoridades competentes. Y se garantizará asistencia jurídica, psicológica y social gratuita para las víctimas de maltrato.

La ILP también contempla además un régimen sancionador, con multas económicas, clausura temporal de los establecimientos responsables y suspensión de licencias de actividad, en función de la gravedad de la infracción cometida.

Por último, se insta al Gobierno para que, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, apruebe el reglamento que desarrolle todos los aspectos de la norma.

Una vez admitida a trámite en la Mesa del Congreso, la Comisión Promotora de la iniciativa deberá recoger al menos medio millón de firmas en un plazo de nueve meses, que podría ser prorrogado por tres meses.