En relación con la contratación en Moncloa de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, quien pudo realizar funciones de carácter "estrictamente privado" ayudando a la esposa del presidente con sus negocios particulares. Bolaños era entonces secretario general de Presidencia.
La oposición considera que la posible imputación de Bolaños es muy grave, máxime porque se trata del ministro de Justicia.
El juez Peinado ha pedido al Supremo la imputación del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos y falso testimonio. El magistrado encuentra indicios de que Bolaños nombró a Cristina Álvarez, personal de Moncloa, para colaborar con Begoña Gómez en sus actividades privadas y que no dijo la verdad en el interrogatorio que le hizo el pasado mes de abril en calidad de testigo.
Considera el magistrado que existen "indicios razonables, sólidos y cualificados" de que Bolaños, cuando era secretario general de Presidencia, pudo incurrir en ambos delitos -el de malversación en calidad de coautor- y por ello ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que decida si lo investiga, ya que el ministro es aforado. En su resolución, fechada el 23 de junios, Peinado ve indicios de malversación en el nombramiento de la asesora Cristina Álvarez al considerar que fue contratada con fondos públicos, si bien realizó funciones de carácter "estrictamente privado" en atención a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
El juez considera que Bolaños participó directamente en la designación de Cristina Álvarez, personal eventual de Moncloa, para prestar servicios para Begoña Gómez y que no conoció o no controló que esas tareas se extendieran al ámbito de la actividad privada de Gómez a pesar de que cobró por ello con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. De ahí el delito de malversación de caudales públicos que pretende imputarle.
El de falso testimonio se deduce de la declaración de Bolaños ante el magistrado el pasado 16 de abril, donde el ministro aseguró, tras media hora de tiempo que el instructor le concedió para ello, que el nombramiento de Cristina Álvarez lo hizo Raúl Díaz Silva como autor del certificado que dictaba ese nombramiento, extremo negado por el propio Díaz Silva en sendas declaraciones del 14 y 28 de mayo. Ambos, juez y ministro, ya protagonizaron en abril pasado un tenso interrogatorio en la declaración de Félix Bolaños. El también ministro de Justicia nunca ha ocultado su crítica a la instrucción del caso Begoña Gómez que hace el magistrado.
Críticas que también hizo suyas el ministro de Transportes, Óscar Puentes, en su cuenta de la red social X en relación con el interrogatorio de Peinado a Bolaños al afirmar que le dejaba perplejo la impunidad del instructor, que ahora solicita al Supremo la imputación del responsable de Justicia dada su condición de aforado.
"MÁXIMA TRANQUILIDAD" EN EL GOBIERNO
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha trasladado este martes la "máxima tranquilidad" del Ejecutivo tras la petición del juez Juan Carlos Peinado de imputar al ministro Félix Bolaños por malversación y falso testimonio. "Conocemos perfectamente esta instrucción y lo de hoy es un capítulo más, con lo cual, por parte del Gobierno de España y en este caso también por parte del ministro de Justicia, tranquilidad máxima", ha subrayado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La oposición considera que la posible imputación de Bolaños es muy grave, máxime porque se trata del ministro de Justicia, según han expresado Miguel Tellado, portavoz PP en el Congreso, y Santiago Abascal, presidente de Vox.
Los socios de Gobierno también se han pronunciado. Desde Sumar califican de "poco seria" la investigación sobre Félix Bolaños, mientras la portavoz de Compromís considera que la corrupción en el PSOE y en el gobierno ha sido clave para que sus bases hayan decicido salir de la coalición Sumar para poder combatirla desde fuera del Ejecutivo, como han declarado Verónica Martínez, portavoz de Sumar en el Congreso, y Ángela Micó, portavoz de Compromís en el Congreso.