Andalucía vuelve a liderar la litigiosidad en el país, según la memoria del TSJA

Andalucía vuelve a estar a la cabeza de la litigiosidad en España y es que en 2024 los órganos judiciales andaluces ingresaron un cinco por ciento más de asuntos que el año anterior, hasta llegar a los 1.434.551, aumentando en los órdenes jurisdiccionales social y civil.

El año pasado los tribunales andaluces resolvieron menos asuntos de los ingresados, aumentando un 14 por ciento el volumen de casos pendientes, mientras que en la última década la cifra de asuntos pendientes ha crecido un 67 por ciento, lo que evidencia un "atasco sumamente preocupante".

Así lo ha expuesto este martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria anual de 2024 en la Real Chancillería de Granada, sede del alto tribunal andaluz, donde ha recalcado que la justicia andaluza sigue en cifras "sumamente llamativas de pendencia y dilaciones". Un contexto que, a su juicio, manda una "percepción inevitable a la sociedad" de una "justicia lenta y poco eficiente".

El presidente del TSJA ha advertido de que es "imposible" acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales" y el "defectuoso sistema organizativo" actual, y no se puede "apelar siempre" a la "responsabilidad personal" de los jueces y el resto de trabajadores de la justicia para afrontar esta situación.

Entre otras cuestiones, ha reclamado la modernización de la estructura organizativa considerando "imprescindible" un aumento significativo de nuevas plazas judiciales en Andalucía, dado el "desbordante incremento de la litigiosidad" que viene padeciendo la comunidad andaluza desde hace "demasiado tiempo".

Ha recordado en este contexto que en 2024 el Ministerio de Justicia no creó "ninguna plaza nueva" para Andalucía y se ha mostrado partidario de que se generen al menos 142 nuevas plazas judiciales para atender las necesidades de plantilla que arrastra el conjunto de la comunidad.

Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 50 por ciento del total; el porcentaje relativo a la jurisdicción civil supone un 41 por ciento del total; la jurisdicción social representa un 7 por ciento del total y, en fin, la jurisdicción contencioso-administrativa supone un 2 por ciento del total de asuntos ingresados.

De la memoria del TSJA se desprende una idéntica tendencia de años anteriores: gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los Juzgados.

Lorenzo del Río ve necesario en este contexto cumplir con el mandato constitucional de una justicia en plazos razonables y ha confiado en que "den sus frutos" las medidas a implantar durante 2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Ello porque considera "imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico, al lado de la propia jurisdicción, la coexistencia de otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional".

La memoria recuerda que en este último año se han dado pasos importantes desde la Administración autonómica hacia la definitiva consolidación de la modernización tecnológica, aunque todavía queda un importante camino por recorrer con un 2024 "muy complicado" con "numerosas incidencias" y una jurisdicción penal que "trabaja cien por cien en papel".

Como conclusión, el documento aprobado por el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJA concluye que el año 2024 puede marcar el final de una etapa de Justicia caracterizada por la ausencia de las reformas y recursos imprescindibles, en un entorno de ausencia también "de consenso político", todo ello "imprescindible para adaptarse a la realidad de los tiempos y dar respuesta ágil y eficiente a la demanda social de tutela judicial efectiva".