Montoro se da de baja en el PP y asegura que no hay pruebas contra él

El exministro Cristóbal Montoro se ha dado de baja del partido tras su imputación por, presuntamente, favorecer a empresas gasistas a cambio de beneficios económicos. Montoro, quien fue ministro de Hacienda en los gobiernos de Aznar y Rajoy, dice que no hay pruebas contra él y anuncia medidas legales para defender su “honor”. También denuncia que la investigación judicial haya durado siete años bajo secreto de sumario. La decisión de Montoro de dejar de ser afiliado del PP se producía horas después de que el Comité de Derechos y Garantías del partido decidiera, nada más trascender la noticia de su imputación, la apertura de un procedimiento de información que ahora queda suspendido.

El exministro ha asegurado este jueves que no existen pruebas contra él y ha achacado su imputación al hecho de haber ocupado el cargo de ministro. "En lo que se refiere a mi inclusión como investigado, se realiza sin ningún elemento probatorio y sin otra motivación, a la postre, que haber ocupado el cargo de Ministro", ha señalado el ex 'popular' en un comunicado. Así se ha expresado después de haber sido imputado este miércoles por un juez de Tarragona por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes de un despacho de abogados Equipo Económico (EE) que había fundado antes de entrar al Gobierno.

Montoro ha señalado que el levantamiento del secreto de sumario coincide con "los verdaderos escándalos del Gobierno". "En el día de ayer se ha levantado el secreto de sumario con el auto que me señala como investigado, todo ello coincidiendo con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno de España", ha esgrimido. En este sentido, ha criticado que se haya esperado a su salida del Ministerio de Hacienda en 2018 para iniciar una investigación judicial con sumario secreto que ha durado siete años, algo que ha calificado como "un hecho absolutamente anómalo".

"Desde el primer día en el cargo de Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas he sido objeto de sucesivas campañas de insidias en prensa y preguntas e interpelaciones parlamentarias sobre mi relación con Equipo Económico, empresa con la que tengo ninguna relación desde 2008, como he venido reiterando en mis múltiples comparecencias públicas", ha remarcado.

Con ello, ha advertido que hará uso de los mecanismos legales para "defender" su "honor", ejercitando, por tanto, "todos los recursos y acciones judiciales a tal fin".

UN JUEZ DE TARRAGONA LE IMPUTA

Un juez de Tarragona ha imputado a Cristóbal Montoro por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes de un despacho de abogados Equipo Económico (EE) que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno. En la trama están involucradas 28 personas y seis personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, "el uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público".

Las investigaciones, añade, "ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación ad hoc, es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el lindar del 50% de los costes de producción".

También evidencia que incluso correspondió a las empresas englobadas en la AFGIM (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos) "la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma que los incluyese en el citado beneficio fiscal, dando lugar a una situación que podría calificarse como sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas en la fase prelegislativa de la elaboración de la ley, así como de su reglamento de desarrollo".

Además, recoge también que "presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE".

El juez ha acordado el levantamiento del secreto de sumario sobre una causa que se abrió hace 7 años y la notificación de la condición de investigados a Montoro y a diversos ex altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico, según la resolución.