Andalucía presenta una queja formal por discriminación en el reparto de fondos de dependencia
La ha autorizado el Consejo de Gobierno ya que, denuncia la portavoz, Andalucía recibe el 35 % de la financiación por dependencia cuando el País Vasco es del 50 %.
El Gobierno andaluz ha trasladado este miércoles al Ejecutivo central una queja formal en la que le reclama que aporte en materia de dependencia el 50 por ciento de la financiación, lo mismo que al País Vasco, frente al 35 por ciento que destina actualmente a la comunidad andaluza y que supone una "nueva discriminación".
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha señalado que los ciudadanos no merecen menos que el resto de las comunidades autónomas y sin embargo el Gobierno considera a los ciudadanos andaluces "de segunda categoría".
Ha recordado que en el ejercicio presupuestario de 2024 ha supuesto una inversión de 2.007 millones de euros en Andalucía, de los que 1.378 millones los aportó la Junta y 739 millones el Gobierno central, lo que supone que la Junta aporta el 65 por ciento y el 35 por ciento restante el Ejecutivo central.
España ha indicado que la Consejería de Hacienda se ha comprometido a hacerse cargo del 50 por ciento del gasto de la dependencia de los ciudadanos vascos, según el acuerdo alcanzado en la comisión mixta del concierto económico celebrado el pasado 10 de abril.
"Para los dependientes vascos supone el 50 por ciento y los andaluces solo el 35 por ciento", ha señalado Carolina España, quien ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que deje "de una vez los agravios" a los andaluces que ya se producen en materia de dependencia con la pérdida de 400 millones de euros al no haber Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni en 2024 ni en 2025.
Tras insistir en que se deben dar "explicaciones" a los andaluces ante "tantos agravios", España ha señalado que en materia de dependencia "es grave" porque se rompen los principios de la Constitución, que recoge los principios de solidaridad entre los territorios e impidiendo privilegios entre ellos.
La ley de dependencia deja claro también que la "universalidad" del reparto de los fondos, que es lo que da sentido de justicia social, según España, quien ha reiterado que los andaluces no quieren ser más que nadie pero tampoco menos que nadie.
