Le ha fijado la obligación de comparecer cada 15 días mientras permanezca investigado por la presunta adjudicación de contratos públicos al empresario Víctor de Aldama y sus socios a cambio de comisiones.
El exministro se ha ratificado en que su asesor Koldo García era el responsable de la relación con De Aldama, quien obtuvo contratos de varios ministerios y comunidades autónomas por 53 millones de euros
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga el denominado 'caso Koldo' ha prohibido al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos salir del país, al tiempo que le ha retirado el pasaporte y le ha fijado la obligación de comparecer cada 15 días en la secretaría de la Sala de lo Penal del TS mientras permanezca investigado por la presunta adjudicación de contratos públicos al empresario Víctor de Aldama y sus socios a cambio de comisiones.
Segunda declaración del exministro José Luis Ábalos ante el Supremo un año después de que estallase el caso Koldo. El juez lo investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal. Los mismos cargos que se dirigen contra su asesor en el Ministerio, Koldo García, y el comisionista de la trama, Víctor de Aldama. Esta segunda declaración en el supremo tiene lugar después de que el magistrado haya ordenado a la guardia civil que investigue el patrimonio de Ábalos y de su hijo rastreando cuentas, bienes y sociedades.
El juez ha citado a 17 personas, entre ellas su primogénito y su expareja. Según los indicios recabados por los investigadores, Aldama habría pagado comisiones tanto a Ábalos como a Koldo García. También habría corrido con el alquiler de una vivienda en Cádiz para el exministro y de un piso en Madrid para la antigua pareja sentimental de Ábalos como contraprestación por adjudicaciones.
Como ya hizo en su anterior comparecencia de diciembre, el ex ministro ha señalado a su asesor Koldo García como responsable de la relación con De Aldama, quien representaba a la compañía que obtuvo contratos de Transportes, Interior y las comunidades de Baleares y Canarias en 2020 por valor de 53 millones de euros. Ha insistido en que no hay nada irregular y en que ya aportó la documentación que lo demuestra.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que prohíba salir del país, retire el pasaporte y obligue a comparecer cada 15 días en sede judicial al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, en el marco de la declaración que ha prestado este jueves en condición de investigado, donde ha negado las estancias con "señoritas" en pisos alquilados por el presunto conseguidor de la trama, al tiempo que ha explicado por qué tiene un terreno a su nombre en Perú.
Las acusaciones populares se han adherido a la petición de la Fiscalía, pero el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, aún no ha decidido si adoptará o no las medidas cautelares solicitadas.
El Ministerio Público ha planteado su petición después de que Ábalos declarara por segunda vez, en esta ocasión sin la inmunidad parlamentaria que le amparaba el pasado 12 de diciembre, cuando compareció por primera vez pero de forma voluntaria.
LA ESPOSA DE KOLDO GARCÍA NO ACUDE AL SENADO
La esposa de Koldo García, Paloma Úriz, no ha acudido este jueves a la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso, donde estaba citada como compareciente y, ante esta situación, la mesa estudia si remite ya a la Fiscalía su ausencia como un presunto delito de desobediencia o si le ofrece una segunda oportunidad dentro de quince días. Úriz estaba citada a las 10:30 horas y, al no presentarse, el presidente de la comisión, Eloy Suárez, senador del PP, ha pedido cinco minutos de cortesía.
Una vez trascurridos, Suárez ha dado un turno de palabra a los grupos, empleado únicamente por Vox, PSOE y PP, y ha indicado que no había precedentes en el parlamentarismo español de una ausencia a una comisión de investigación, a la que estaba citada adecuadamente -según un informe jurídico de la cámara-, por lo que su intención era comunicárselo a la Fiscalía por constituir un delito de desobediencia según el artículo 502 del Código Penal.