Gobierno y Generalitat pactan las bases de la financiación singular de Cataluña
La mayoría de las comunidades ven un agravio comparativo y un privilegio que vulnera el principio de igualdad. Mientras que desde el Gobierno se niega este aspecto, desde Andalucía se propone un frente común para mantener una "España de iguales".
Cataluña tendrá una Hacienda propia para recaudar y gestionar todos sus impuestos. La Generalitat quiere empezar por el IRPF en 2026. Para sentar las bases de lo que los catalanes llaman "financiación singular", este lunes se ha reunido el Gobierno con la Generalitat en Barcelona.
El objetivo, según el Govern, es que Cataluña "tenga la llave de la caja". Para ello propone que la financiación se base en los ingresos, y no en el gasto. Similar del cupo vasco, quieren recaudar todos sus impuestos y aportar a la caja común según los servicios que el Estado preste en la comunidad. También habrá una cuota de solidaridad, que fijará Cataluña.
El Ejecutivo de Salvador Illa insiste en que será una hacienda catalana autónoma, sin tutela de la estatal, aunque haya coordinación. El problema son los apoyos porque es preciso modificar dos leyes orgánicas en el Congreso.
Se pasa así de un acuerdo entre partidos (PSC y ERC para investir a Illa) a un acuerdo entre gobiernos. Aún así, ERC desconfía y amenaza con presentar su propia ley en el Congreso.
La reunión ha estado encabezada por el ministro de política territorial y la consejera de economía catalana. Aunque los independentistas han criticado la ausencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una silla vacía importante, ya que es una de las personas clave en la negociación.
Montero acepta poner en marcha la financiación singular a pesar de que ella misma aseguró que no la compartía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado hace justo un año cuando el gobierno socialista ya la estaba negociando.
El acuerdo contempla que la Agencia tributaria de Cataluña recaude la cantidad integra del IRPF en 2026 y de forma paulatina lo haga también con el resto de impuestos.
Los independentistas aspiran a una hacienda catalana independiente y que no esté subordinada a la estatal, este se presenta como uno de los puntos de desencuentro.
El acuerdo contempla que se mantenga el principio de ordinalidad y que Cataluña aporte una cuota de solidaridad al resto de comunidades.
Precisamente , la gobernadas por el Partido Popular creen que esta financiación singular catalana perjudica al resto de territorios y rompe con el principio de solidaridad, aunque el gobierno lo niega
Tampoco convence a los barones de algunos socialistas como al asturiano Adrián Barbón y al castellano manchego Emiliano García Page
El gobierno asegura que no se van a producir agravios entre territorios y que esa nueva forma de financiación está abierta a todas las comunidades que también lo soliciten, abriendo las puertas a un modelo federal y generalizable. A pesar de ello, todos vigilan muy de cerca el resultado de la reunión entre gobierno y Generalitat
MODELO DE FINANCIACIÓN
La financiación singular cuyas bases han pactado este lunes Gobierno y Generalitat abre la puerta a modificar el modelo de financiación actual, vigente desde 2009, y permitirá en un futuro a Cataluña y a las comunidades que quieran sumarse a este esquema recaudar todos los impuestos, empezando por el IRPF.
La Generalitat resalta que la estructura de la nueva financiación que ha pactado este lunes con el Estado supone "un cambio de paradigma", puesto que la administración catalana pasaría de recibir recursos a ingresarlos.
De esta forma, aumentaría la corresponsabilidad fiscal de Cataluña, que asumiría un mayor papel en la recaudación. No se trata de una mera "actualización" del sistema, subrayan fuentes de Govern.
El nuevo modelo de financiación, cuyos detalles se definirían más adelante, deja en manos de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la recaudación de todos los impuestos.
Se trataría de un modelo "singular", porque concede el protagonismo de la recaudación a la Generalitat, pero que a la vez sería "generalizable", pues podría exportarse a aquellas comunidades que lo deseen.
El modelo previsto concede a la Generalitat, de entrada, toda la recaudación impositiva en Cataluña y prevé la transferencia de una parte de estos recursos al Estado, para compensar los servicios que presta a la comunidad.
El resto de recursos se los quedaría Cataluña para financiar las competencias que también tienen otras CC.AA.; la administración catalana haría a continuación una aportación a la solidaridad común -no definida aún-, y finalmente el Estado transferirá de vuelta recursos a Cataluña para financiar competencias que no tienen el resto de autonomías, como prisiones o
El diseño inicial de este modelo de financiación supone que desaparecerían los fondos del sistema actual, como los de compensación o de competitividad, que la Generalitat entiende que distorsionan el reparto de los recursos.
Una vez aplicado este sistema, teóricamente, desaparecerían los llamados anticipos a Cataluña en aplicación del modelo de financiación.
El sistema se sustenta en la capacidad fiscal de los territorios y se basa en la definición de una cesta de impuestos, es decir, en un porcentaje de cada tributo que corresponderá a Cataluña: esta cesta resulta de la aportación catalana a los gastos del Estado y se calculará a partir de "criterios objetivos y comprobables".
A partir de esa cesta, se aplicaría una nivelación para contribuir solidariamente al bienestar de otros territorios, pero todo ello sin afectar a la ordinalidad, que será la misma antes de hacer la nivelación.
Finalmente, el modelo prevé una financiación adicional para las singularidades de Cataluña en materia de competencias específicas.
Gobierno y Generalitat han pactado por el momento solo las bases del modelo, un mero esquema de cómo funcionaría este teóricamente, que no tiene por tanto ahora plazos de aplicación.
