La expresidenta de Adif y el ex director general de Carreteras han negado también el cobro de mordidas. Ambos han declarado este lunes en la Audiencia Nacional como imputados por el caso Koldo
La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, no podrán salir del país y ambos han entregado el pasaporte como medida cautelar impuesta por el juez Ignacio Moreno siguiendo la petición de la Fiscalía.
Ambos han declarado este lunes en la Audiencia Nacional como imputados por el caso Koldo
Tras sus respectivas declaraciones, el fiscal Anticorrupción ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que les imponga como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, una solicitud a la que se han adherido las acusaciones populares que dirige el PP, según informan fuentes jurídicas.
Según las fuentes consultadas, durante sus comparecencias, ambos han negado haber participado en cualquier adjudicación irregular a constructoras o haber recibido mordidas.
Ambos se encuentran en la Audiencia Nacional a la espera de que el magistrado Ismael Moreno, que investiga la parte de la causa que no afecta a ningún aforado- dicte el auto con su decisión.
El juez investiga si Pardo de Vera y Herrero prestaron asistencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a través de su entonces asesor, Koldo García, para que las adjudicaciones proyectadas por ellos "pudieran llegar a buen término".
El magistrado sospecha también del "interés" del exdirigente socialista Santos Cerdán y de Koldo García en ascender a la Secretaría de Estado de Transportes a Pardo de Vera, quien, según lo investigado, habría favorecido "de manera recurrente" a las constructoras Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y OPR.
El ascenso se produjo, pero no se materializó hasta que Ábalos salió del Ministerio de Transportes en 2021.
Pardo de Vera ya había sido imputada previamente por este mismo magistrado por tráfico de influencias y malversación en relación con la contratación en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos