Los propietarios de un hotel okupado pagan treinta mil euros mensuales sin ingresos

La ocupación ilegal del antiguo Hotel Callao Sport en el sur de Tenerife se ha convertido en un caso paradigmático de la problemática de la "okupación" en Canarias, afectando a unas 300 personas que han convertido este complejo turístico clausurado hace 4 años en un asentamiento ilegal.

Marga Domínguez, la propietaria, relata que el proceso comenzó el 17 de febrero cuando las alarmas del hotel, que estaba cerrado y en venta tras los estragos de la pandemia, saltaron. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los ocupas entraron y las destrozaron para evitar pruebas. Aunque la Guardia Civil acudió inicialmente y detuvo a dos personas de un grupo inicial de 12, no se logró un desalojo efectivo, permitiendo que la situación escalara rápidamente de 12 a 50 personas y, finalmente, a los actuales 300 ocupantes.

La situación ha transformado el hotel en un negocio ilegal y una fuente constante de inseguridad y molestias para los vecinos. Marga denuncia que hay una "mafia de la ocupación" detrás, cobrando hasta 3.000 euros por habitaciones y vendiendo bienes del hotel por internet. Los propietarios, una empresa familiar, tienen que soportar un gasto mensual de más de 30.000 euros en hipoteca, impuestos, luz y agua, sin obtener ningún ingreso del hotel. 

A pesar de las múltiples denuncias, la respuesta judicial ha sido limitada. Un magistrado ha desestimado medidas cautelares como el desalojo preventivo, alegando que no existe criminalidad suficiente para justificarlo, y exige la identificación individual de los 300 ocupas, un proceso complejo dada su intermitencia. La policía ha elaborado informes completos aconsejando el desalojo, pero el juez lo considera una medida desproporcionada. Los propietarios han presentado demandas civiles y penales, pero la penal fue desestimada por "no ver indicios criminales", a pesar del delito de usurpación de bien inmueble y la "usurpación de la gestión del hotel" por parte de la mafia. Los intentos de negociación con los ocupantes para que abandonaran el inmueble no prosperaron, ya que solicitaban más de 200.000 euros y un lugar alternativo donde quedarse.

La propietaria, Marga Domínguez, describe la situación como "triste y complicada", y la califica de "criminal". Para ella, es inexplicable cómo una propiedad privada deja de serlo, sintiendo que la ley otorga más derechos a los ocupas que a los dueños legítimos.