Los inspectores de Hacienda, contra el cupo catalán
Exigen la dimisión de la ministra María Jesús Montero tras el acuerdo para la financiación singular de Cataluña. Consideran que es ilegal, que creará ciudadanos de primera y de segunda y que dificultará la persecución del fraude fiscal.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha señalado este miércoles que es "imposible" aplicar el acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Ejecutivo central y la Generalitat catalana, un pacto que, bajo su punto de vista, supone el principio de la "desaparición del Estado" si se extiende al resto de comunidades autónomas, a la vez que han vuelto a exigir la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La presidenta de la asociación Ana de la Herran carga contra la ministra de Hacienda a la que tacha de incompetente.
El secretario Antonio Morales cuestiona qué va a pasar con los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña
Y el portavoz José María Peláez considera que si este régimen se extiende al resto de comunidades, provocará la desaparición de los servicios públicos del Estado.
Aseguran que la gestión del 100 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevista para 2026 resultaría "imposible", ya que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional y otra catalana. Con ello, la "rapidez" a la hora de realizar las devoluciones en las declaraciones de la renta caería de forma drástica, ha aducido.
"Resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales", ha añadido al respecto.
Además, por el momento, la Agencia Tributaria de Cataluña no dispone de los medios "humanos, materiales y tecnológicos" necesarios para gestionar este impuesto, al menos con una previsión que comience en enero de 2026, ha expuesto
Aunque los ponentes han evitado dar cifras de lo que dejarían de ingresar las arcas públicas, sí han expuesto que, en base a los últimos datos disponibles, que se remontan a 2022, los impuestos catalanes suponen el 19,35 % del total nacional. Ese año, el Estado recaudó 255.463 millones de euros, de los que 49.434 provenían de Cataluña.
El pacto también ocasionaría "perjuicios" en la lucha contra el fraude fiscal, también por la diseminación de los datos al separar la Hacienda española y la catalana. "Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude", han incidido en el texto.
