El Supremo descarta investigar a Félix Bolaños
Archiva así la exposición remitida por el magistrado Juan Carlos Peinado contra el ministro por delitos de falso testimonio y malversación de caudales públicos por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez.
La Sala del Tribunal afea a Peinado que en su escrito contra Bolaños hay "una absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud" sobre la participación del ministro en los hechos investigados.
El Tribunal Supremo rechaza abrir una causa al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, al no apreciar indicios de delito.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha archivado así la exposición razonada que le remitió el magistrado Juan Carlos Peinado, contra el ministro por delitos de falso testimonio y malversación de caudales públicos.
En su resolución, de 9 páginas, afean a Peinado que en su escrito contra Bolaños hay "una absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud" sobre la participación del ministro en los hechos investigados.
"No se advierte en la exposición razonada una imputación de delito suficientemente individualizada, ni se expresa con un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal", recalcan los magistrados.
Se refieren igualmente a la "adenda" enviada por Peinado el pasado 2 de julio para sumar a los suyos los argumentos que dio la Audiencia Provincial de Madrid al avalar la imputación de Álvarez. Este segundo escrito, dicen, "sigue sin aportar indicios".
El Supremo recuerda que, "en síntesis", Peinado sostenía que los trabajos que realiza Álvarez, nombrada el 18 de junio de 2018 asesora de Gómez, "han excedido de los que le correspondían, pues le ha prestado asistencia en actividades de carácter privado y con contenido económico", "todo ello con la percepción de las retribuciones que le han correspondido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".
Por otro lado, reprochan a Peinado que no haya recabado la opinión de la Fiscalía antes de dirigirse al Supremo, una "omisión" que califican de "extraña a la forma de proceder habitual en la jurisdicción penal, que aconseja una audiencia al Ministerio Fiscal", subrayando que ésta es "preceptiva en casos de competencia y aconsejable en resoluciones como la realizada"".
