El Congreso avala el derecho de Cerdán a una indemnización como exdiputado
Cobrará 19.400 euros brutos por los seis años en los que ha mantenido su escaño. Los servicios jurídicos señalan que no hay posibilidad de privar de ese finiquito a los diputados tras la petición del PP de que se paralizara.
La Mesa del Congreso ha avalado el derecho del exsecretario de Organización del PSOE y exdiputado Santos Cerdán a cobrar indemnización como exparlamentario tras renunciar a su acta por el caso Koldo, después de que el PP pidiera en dos ocasiones paralizar este pago solicitado por el exsecretario de Organización socialista.
En un informe de los letrados, que ha visto este martes la Mesa del Congreso, los servicios jurídicos de la Cámara Baja señalan que no hay posibilidad de privar de esta indemnización a los diputados que la solicitan tras su baja si cumplen con los requisitos contemplados en el reglamento, como aseguran que ocurre en el caso de Cerdán.
En este sentido, subrayan que la percepción de una indemnización como exdiputado se genera automáticamente, siempre y cuando no haya ningún motivo administrativo excluyente, ya que es un derecho del parlamentario y no una "concesión graciable".
Cerdán solicitó el pasado 20 de junio en el Congreso su indemnización como exdiputado, que ascenderá a alrededor de 19.400 euros brutos por los seis años en los que ha mantenido su escaño.
Lo hizo después de dimitir como secretario de Organización del PSOE y renunciar a su escaño de diputado tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo implicaba en el caso Koldo, por el que ha acabado imputado y en prisión preventiva.
El PP ha registrado dos escritos dirigidos a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en los que pedía paralizar la indemnización solicitada por Cerdán y enviar su declaración de bienes al Tribunal Supremo.
Fuentes de la Cámara han señalado a este respecto que la Mesa ha acordado que la información se remita al Supremo si este así lo solicita.
Además, han señalado que la Mesa no tiene constancia oficial de que Cerdán tenga una empresa.
En su petición, el PP considera de vital importancia el hallazgo por parte de la Guardia Civil de un contrato de compraventa, según el cual el exdiputado sería propietario desde 2016 del 45 % de la constructora navarra Servinabar.
Argumenta que la confirmación de este hecho "ocultado por Cerdán" le habría impedido ejercer como diputado, ya que significaría el incumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades y de declaraciones sobre actividades y bienes.
